América Latina y la ardua construcción de la igualdad
HACE UNAS SEMANAS, casi al iniciar el año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) presento una opinión consultiva en respuesta a la petición establecida por el Estado de Costa Rica sobre si estaba obligado o no a extender el derecho de propiedad a las parejas del mismo sexo y si debía reconocer el cambio en la identidad de género de las personas trans que así lo solicitaran. La respuesta contundente de una de las Cortes Internacionales más avanzadas en la protección de los derechos humanos (DD.HH.) fue que sí.
Aunque históricamente la CorIDH había tratado ya casos relacionados con los derechos contraídos por una relación de convivencia entre parejas del mismo sexo (como el caso Duque vs. Colombia, de 2016) o sobre custodia parental de personas LGBTTTIA[1] (caso Riffo y niñas vs. Chile, de 2012), este hecho resulta transcendental porque extiende las obligaciones de respetar el derecho al matrimonio sin distinción de sexo, género y/o orientación sexual, y de reconocer el cambio de identidad de género de la comunidad TTT en documentos oficiales y frente al Estado, como parte de las obligaciones de los Estados americanos contrayentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Costa Rica, como Estado solicitante, inmediatamente respondió que acataría la opinión de la Corte, en un ejercicio de pleno apego al sistema interamericano de DD.HH. Por supuesto, tan rápida respuesta despertó susceptibilidades en grupos opositores a esta idea dentro y fuera de Costa Rica.
Desde su publicación sectores conservadores de la población, partidos políticos relacionados con la derecha y distintas agrupaciones de tintes o asociaciones religiosas se manifestaron en contra, arguyendo que la CorIDH buscaba imponer una medida calificada de indeseable en los países parte del sistema interamericano, y ha llevado a profundas discusiones en las Supremas Cortes de Costa Rica y Panamá. Hasta la fecha, de los países adscritos a la Convención sólo cinco han reconocido el matrimonio igualitario (parcialmente en el caso de México), dos reconocen las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y diez no reconocen ninguna de las dos figuras.[2]
En México desde 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la inconstitucionalidad de negar el acceso igualitario al matrimonio a parejas del mismo sexo, sin embargo, pese a la determinación de la corte, sólo trece entidades federativas han hecho las modificaciones necesarias en sus normativas civiles para garantizar el acceso pleno a este derecho. Hace año y medio, el presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, propuso modificaciones constitucionales y al Código Civil federal en aras de avanzar en la materia, pero tras mucho revuelo, la iniciativa se vio rápidamente enviada a la congeladora. Por si fuera poco, la reacción de diversos sectores de la población fue similar al de otros países en América Latina al ser tratados estos temas en los últimos años: durante el resto del año la organización denominada Frente Nacional Por la Familia, agrupación relacionada con grupos religiosos (católicos y evangélicos) y partidos con agendas de derecha como el recién nacido Encuentro Social (PES), orquestó la realización de un gran número de marchas en distintas partes del país con el fin de mostrar rechazo a la iniciativa bajo el lema de la “defensa de la familia tradicional”, como si eso apuntara algo sobre la gran diversidad de familias que existen en México. Por si fuera poco, al perder el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el poder, un gran número de gubernaturas frente a la oposición de derecha, Acción Nacional, un buen número de actores políticos decidieron que esto era resultado de las pretensiones presidenciales de favorecer a la diversidad sexual, y no necesariamente de los escandalosos actos de corrupción relacionados con su partido.
A raíz de la Opinión Consultiva de la CorIDH la reacción en México y otros países de América Latina ha sido similar, y esto representa un grave problema en miras de importantes procesos electorales en Paraguay, Costa Rica, Colombia, Venezuela, México y Brasil. En México, por ponerlo sobre blanco, los efectos de las movilizaciones de 2016 son notorios: de los (casi) candidatos presidenciales ninguno corre en solitario con una agenda o partido de izquierda (tradicionalmente comprometidos con estas causas) y las posiciones de todos (hablo en masculino porque de nueva cuenta todos los partidos mayoritarios optaron por un hombre como candidato) o es poco clara o es negativa. Así, con el revuelo que está provocando, lo que debería ser un avance en materia de derechos humanos e igualdad en la región, podría terminar llevando los ánimos políticos en dirección contraria.
Resulta así doloroso darnos cuenta de que una región que ha sido clave en la construcción del sistema internacional de DD.HH. (del que se desprende el derecho al matrimonio igualitario, consagrado en el artículo 16 de la Declaración Universal), hoy está aún recorriendo el turbulento camino de la construcción de la igualdad, principalmente, jurídica y social, enfrentándose a una tormenta que amenaza con hacerla retroceder. Y es que el gran peligro no es que grupos conservadores o religiosos se expresen, pues todas y todos tenemos el mismo derecho a expresar nuestras opiniones: el problema radica en que toda movilización que provoquen (de masas y en la agenda política) sobre este tema, será una movilización claramente en contra de los derechos de todas y todos. Ríos de tinta han corrido por todas partes con distintos puntos de vista en la materia; en el portal de la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), por ejemplo, David Ramos escribió que la decisión de la Corte es “una imposición y una ‘flagrante violación a la soberanía’ que afectaría a toda América Latina”,[3] utilizando las etiquetas “lobby gay, ideología homosexual, Ideología de Género, América Latina, agenda gay, Matrimonio gay, CIDH, ideología, colonizaciones ideológicas, gay” para identificarse en el buscador de Google. Este discurso define, en primer lugar, la clara posición que tiene la Iglesia, y en segundo, las presunciones que se harán sobre cualquier avance institucional en favor de los derechos humanos de las personas LGBTTTIA; porque al final, para ellos, este no es un asunto de igualdad de derechos o posibilidades, sino de la imposición de una agenda perversa sobre las instituciones. El asunto es que ni esa agenda ni sus perversiones existen en realidad, y no es más que un argumento retórico que, a la larga, puede detener una lucha de años.
Hoy escribo desde mi trinchera con el afán de dar luz al asunto de la Opinión Consultiva, porque al final, la Corte actúo desde sus facultades y conforme al precepto de progresividad en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, como búsqueda en común de todas y todos, surgida a partir de enormes sufrimientos. El ministro Arturo Saldívar de la SCJN escribió hace unos días que “Respetar y proteger los derechos de todas las familias y la dignidad de las personas que las conforme es nuestra obligación constitucional y nuestra mejor apuesta. La construcción de un mejor país pasa necesariamente porque todos los integrantes de la sociedad se desarrollen en armonía y ejerzan sus derechos plenamente”.[4] Yo creo que estas palabras cuadran perfectamente para toda nuestra región: en este momento de coyuntura, el reconocimiento de que la diversidad es parte intrínseca de lo que somos: la diversidad en las familias, en las expresiones de identidad, y en el reconocimiento de nosotros mismos. No hay un solo modelo de familia, como no hay un solo modelo de ser, y si no hacemos de la igualdad la base sobre la construiremos una mejor América Latina difícilmente podremos decir que se avanzado, porque habremos personas que, por las barreras de la incomprensión, nos quedaremos atrás. Y justa evitar esto es la luz que brilla desde los derechos humanos; no como aspiración, sino como modo de vida.
Escrito el 02 de febrero de 2018
[1] Siglas para definir a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestí, intersexual y/o asexual.
[2] La histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llama a 12 países de América Latina a legalizar el matrimonio gay, BBC Mundo, 10 de enero de 2018.
[3] David Ramos, Corte Interamericana pretende imponer agenda gay en América Latina, ACI Prensa, 10 de enero de 2018.
[4] Arturo Zaldívar, Todos los derechos para todas las familias, Milenio Diario, 23 de enero de 2018.