Carlos Uriel López Buburrón               Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

“Migrar es un derecho humano”, se lee en el antimonumento que recuerda a las víctimas de la masacre de San Fernando. El 22 de agosto de 2020 se colocó el antimonumento en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, una de las avenidas más transitadas del país y frente a la embajada de Estados Unidos para recordar la responsabilidad de ambos países en la ejecución de los 58 hombre y las 14 mujeres de origen centroamericano el 22 de agosto de 2010 a unos kilómetros de San Fernando, Tamaulipas.[1] A más de diez años de este terrible hecho no ha llegado la justicia, ni la reparación, y las graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en México se repiten constantemente.

            A pesar de que en 2011 se publicó la nueva Ley de Migración con un enfoque más apegado al respecto y la protección de los derechos humanos, las condiciones de las personas migrantes que transitan por México no han cambiado. La presidencia de Trump dejó claro que el escenario sería difícil; deportar a más personas era una promesa de gobierno, separar a padres e hijos una práctica común, y amagar al gobierno mexicano con pagar el muro una constante. En 2018 surgieron las caravanas migrantes, organizadas para viajar en conjunto desde Centroamérica hasta Estados Unidos con el fin de protegerse de la violencia y los grupos criminales mexicanos, y presionar a los gobiernos para brindar asistencia.[2]

Por Uriel Trinidad Hernández           Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Las noticias sobre Venezuela que circulan por el mundo durante los últimos años retratan un panorama sombrío. Una mirada rápida a algunos indicadores como la inflación, la devaluación del bolívar, el grado de endeudamiento gubernamental y los niveles de pobreza hacen difícil ignorar una severa crisis económica.  En el ámbito político las cosas no son mejores. Un informe de la organización Human Rights Watch expone la presencia de grupos armados que controlan varias áreas de la sociedad, altos niveles de impunidad y corrupción, así como la persecución y encarcelamiento constantes de opositores al régimen, lo que va en detrimento de las libertades civiles y políticas básicas[1]. Lo anterior sirve para explicar la migración masiva de venezolanxs en búsqueda de mejores condiciones de vida, pues se calcula que alrededor de 5.4 millones de personas han huido del país desde 2014[2]. Bajo ese contexto, este texto se centrará en el fenómeno político y, por lo tanto, aquí se pretende dar cuenta de cómo se gestó el quiebre democrático en el país sudamericano.

Por José Antonio Vázquez López             Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Los efectos secundarios a causa de la emergencia sanitaria por Sars-Cov2 se presentan en diversos aspectos de la vida en sociedad, la repentina transformación a la que nos ha orillado la pandemia convierte a este episodio de crisis en uno de los más complejos de los últimos años. El problema es de una magnitud colosal, las repercusiones y el número final de sectores afectados aún es desconocido, para sobrellevarlo se requiere de un esfuerzo sin precedentes por parte de gobiernos y habitantes. La lucha frente a la emergencia sanitaria ha absorbido muchos de los recursos disponibles, sectores como el educativo, el ambiental e inclusive otros aspectos del sector salud han sufrido reducciones en sus presupuestos, quedando en algunos casos, imposibilitados para continuar con sus labores y por consiguiente creando una acumulación de problemas que afectan al ya de por sí rezagado proceso de desarrollo social y económico.

José Ángel Bazán Sánchez                                                                       

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 El pasado ocho de marzo el senador senior de Missouri, Roy Blunt, miembro del liderazgo republicano, anunció que después de 25 años en el capitolio se retiraría y no buscaría su reelección en el 2022. Al anunciar su retiro, el senador conservador se uniría a otros cuatro senadores que se retirarían ese año, con dos más viendo eso como una posibilidad. El éxodo de senadores republicanos puede parecer, en primera instancia, el resultado lógico su edad pues varios son septuagenarios. No obstante, en un cuerpo legislativo cuya edad promedio de liderazgo es de 70 años la edad no suele ser un problema. El aparato institucional del senado, es uno que conserva una gran cantidad de incentivos para que sus miembros busquen apegarse a sus asientos. Esto, sumado a los largos periodos a los que son electos, prácticamente garantiza que quienes entren permanezcan en él o busquen permanecer en él por tiempos extendidos de tiempo o de por vida (Por ejemplo, Dianne Feinstein, de California, y Don Young, de Alaska, son los miembros de mayor antigüedad del legislativo ambos con 87 años). De ahí que sea tan extraño que un grupo de senadores decida, tan abruptamente, salir del cuerpo en conjunto.