En enero de 2020, la Secretaria de Relaciones Exteriores anunció la adopción de una política exterior feminista, cuyo objetivo es “reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera”[1] y se distingue por “dar coherencia y congruencia, al enfocarse tanto al exterior como al interior”.[2] México se convirtió en el primer país en América Latina en adoptar una política exterior feminista; a nivel mundial, únicamente Suecia, Francia, Canadá y Noruega han adoptado políticas similares.
México es un país caracterizado por desigualdades de diversa índole: económica, social, política, étnica y de género. La mayor parte de las problemáticas señaladas en la Plataforma de Acción de Beijing aún son obstáculos para las mujeres mexicanas. Entre estas, destaca la pobreza. En 2018, el 42.4% de las mujeres en México estaban en situación de pobreza. En áreas urbanas residían 18.6 millones de mujeres en situación de pobreza, mientras que 8.7 millones residían en áreas rurales. Particularmente para las mujeres que viven en áreas rurales, esto implica mayores restricciones para acceder a derechos básicos como educación, empleo, servicios de salud, vivienda digna y participación política.[3]
El primer paso para resolver las problemáticas derivadas de la estratificación social es comprenderlas a profundidad; aquí yace la importancia de una política exterior feminista e interseccional. Es fundamental hacer un análisis que considere diferentes ejes de opresión, mismos que configuran las desigualdades. La interseccionalidad es una perspectiva metodológica que pretende comprender la manera en que se entrelazan distintos ejes de estratificación —género, clase, etnia, orientación sexual — y articulan no sólo la exclusión, opresión y discriminación, sino también el privilegio.
El análisis interseccional es útil para examinar fenómenos en específico, pues los ejes de opresión articulados relevantes para cada estudio de caso son diferentes. En contextos trasnacionales, las categorías y posiciones tienen distintos significados y niveles de relevancia; según el lugar, los ejes de estratificación tendrán implicaciones diversas.[4] Por ende, el desarrollo de una política exterior feminista en México debe distinguirse claramente de la establecida por sus contrapartes europeas, dado que los ejes que articulan la opresión no son los mismos. Este análisis también debe hacerse a nivel nacional, ya que las mujeres mexicanas viven la opresión de distintas maneras.
Es pertinente considerar los retos que enfrenta el ejercicio de esta política en el ámbito internacional. México podría convertirse en un actor relevante en la discusión sobre las problemáticas que aún deben ser resueltas en relación con los derechos humanos de las mujeres, en especial por ser el primer país en América Latina en establecer una política exterior feminista. El liderazgo internacional en materia de género es uno de los ejes que guían la política exterior feminista mexicana. Esto se ha reflejado en la participación de México en foros multilaterales. En la revisión del Programa de Trabajo de Lima sobre Género, la delegación impulsó temas de derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad y fortalecimiento de menciones de niñas y mujeres indígenas. En esta línea, hizo hincapié en la importancia de legislar para incluir la educación ambiental.
No obstante, hay un reto de mucha mayor envergadura relacionado con el impulso de la agenda de género dentro de foros multilaterales; se trata de su participación en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2021-2022. Esta será la quinta participación de México en el CSNU, permitida por un amplio apoyo por parte de la comunidad internacional, ya que 187 Estados votaron a favor de la candidatura mexicana. México también fue electo para participar en el Consejo Económico y Social. Por primera vez, México participará en ambos foros de manera simultánea. Esto abre una ventana de oportunidad inigualable, así como conlleva una gran responsabilidad, para que la delegación mexicana haga aportaciones en temas de seguridad, paz y desarrollo. Esta agenda es aún más significativa al considerar los estragos económicos, sociales y políticos generados o exacerbados por la pandemia de coronavirus.
En su mensaje al Senado de la República, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, aseguró su compromiso para que la perspectiva de género fuera incluida en los temas tratados en el Consejo de Seguridad.[5] Como se establece en los objetivos de la actual política exterior, se busca que haya coherencia entre el ámbito interno y externo. En este sentido, el gobierno de México recientemente sostuvo un diálogo con organizaciones como Inmujeres y ONU Mujeres México para la elaboración del Plan de Acción Nacional.[6] La creación del Plan se estableció en la resolución 1325, documento en donde el CSNU por primera vez analizó el impacto específico del conflicto armado en la vida de las mujeres. Esto es crucial en el contexto mexicano, en donde niñas y mujeres son víctimas de la violencia relacionada con la delincuencia organizada. La ausencia de una estrategia de seguridad pública eficiente está expresada en las observaciones finales que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el noveno informe periódico de México.[7]
En las observaciones también se menciona otro aspecto fundamental que México debe atender en línea con su política exterior feminista e interseccional: las medidas de asistencia y de protección de derechos humanos otorgadas a las migrantes. El porcentaje de migración internacional según lugar de destino está compuesto en un 84.8% por quienes buscan llegar a Estados Unidos.[8] A finales de la década de los años 1990, la migración de mujeres centroamericanas que querían atravesar el territorio para llegar a Estados Unidos ya era significativa. Las mujeres que son parte del flujo migratorio temporal principalmente trabajan como jornaleras agrícolas, trabajadoras domésticas o trabajadoras sexuales.[9]
Dada la importancia de los flujos migratorios hacia México es que la protección a las migrantes debe ser prioridad para la política exterior. En las observaciones del Comité también se hace explícita la necesidad de abolir la detención sistemática de las migrantes, extender el Programa Piloto de Cuidado y Acogida Alternativa a todos los estados, garantizar el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado que sean eficientes y con perspectiva de género, el respeto a los derechos de las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a servicios de salud, vivienda y empleo, asistencia psicológica, educación y participación en asuntos públicos. Asimismo, se deben investigar los casos de desapariciones forzadas y que los responsables sean sancionados acorde a los delitos cometidos.[10]
Además de los diversos retos que enfrenta México en el ámbito internacional, es importante no perder de vista que el gobierno de la ‘4T’ ha desestimado y negado la violencia sistemática a la que estamos sujetas las mujeres mexicanas y que se ha agravado en el contexto de la actual crisis sanitaria. Por ende, no han establecido estrategias que aborden el problema de manera adecuada. La distribución de un Decálogo en contra de la violencia hacia las mujeres parece más una burla que una estrategia, así como el recorte presupuestal a instituciones como Inmujeres, la impunidad permitida ante el incremento de feminicidios a nivel nacional o la militarización del país con el despliegue de la Guardia Nacional, hecho que también ha afectado a las migrantes. En estos dos años hemos observado retrocesos para combatir la desigualdad y violencia de género. Más allá de las estrategias que la Cancillería pone en la mesa, este gobierno nos ha fallado. Es difícil creer que una política exterior mexicana realmente es feminista cuando no hay congruencia con las políticas públicas nacionales. El mismo presidente ha repetido que ‘la mejor política exterior es la interior’ … ¿o cómo era?
[1] Secretaría de Relaciones Exteriores, “La Política Exterior Feminista del Gobierno de México”, septiembre de 2020, p. 4, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576095/Presentacio_n_PEF_baja.pdf.
[2] Loc. cit.
[3] INEGI e Inmujeres, “Mujeres y hombres en México 2019”, p. 209, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf.
[4] Julia Roth, “Entangled Inequalities and Intersectionalities”, 2013, https://www.desigualdades.net/Working_Papers/Search-Working-Papers/working-paper-43-_entangled-inequalities-as-intersectionalities_/index.html.
[5] Canal del Congreso, “Embajador Juan Ramón de la Fuente se reúne con senadores, tras incorporación de México a Consejo de Seguridad de la ONU”, 18 de junio de 2020, https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/13367/Embajador_Juan_Ramn_de_la_Fuente_se_rene_cn_senadores%2C_tras_incrporacin_de_Mxic_a_Consejo_de_Seguridad_de_la_ONU.
[6] Instituto Nacional de las Mujeres, “Gobierno de México involucra activamente a las mujeres en la construcción de la paz y seguridad”, 13 de octubre de 2020, https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/gobierno-de-mexico-involucra-activamente-a-las-mujeres-en-la-construccion-de-la-paz-y-seguridad?idiom=es.
[7] Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, “Observaciones finales al 9o Informe de México ante la CEDAW”, 9 de octubre de 2018, https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-finales-al-9o-informe-mexico-ante-la-cedaw?state=published.
[8] INEGI, “Distribución porcentual de la población emigrante internacional por país de destino, 2014 y 2018”, https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Migracion_06&bd=Migracion#variables.
[9] ONU Mujeres y El Colegio de México, “Características sociodemográficas y laborales de las trabajadoras migrantes”, en Las trabajadoras migrantes en la frontera sur de México, 2015. Disponible en http://imumi.org/trabajadorasmigrantes/assets/dato1.pdf.
[10] Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, op. cit.