
México: Recepción y Tránsito
Viernes 9 de octubre de 2015
12:00 hrs
Información de la sesión
Julio González1
En el sur, México comparte alrededor de 1,150 km. de frontera con Guatemala y Belice. Por esta área transitan miles de migrantes, como reconoce la legislación vigente de ambos países y otros puntos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). El paso a México se da principalmente por la región del Soconusco en Chiapas. Este tránsito no sólo es ilegal, sino también potencialmente mortal.
Los primeros meses de cada año son los de mayor flujo. Aun cuando las cifras oficiales y las estimaciones indirectas de algunas instituciones académicas son sólo una aproximación, el Instituto Nacional de la Migración reportó que, para el periodo 2001-2006, se detuvieron a más de un millón 100 mil personas de distintos países. Y, según un estudio del ITAM de 2014, “en los últimos cinco años, los nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador constituyeron entre 91% y 93% del total de personas retenidas por autoridades migratorias de México. De los retenidos por las autoridades de Estados Unidos en la zona fronteriza con México, esas nacionalidades representaron entre 84% y 91% de los no mexicanos.” Otras estimaciones, provenientes de organizaciones de la sociedad civil, sugieren que anualmente 400 mil extranjeros cruzan el territorio mexicano con destino a Estados Unidos.
El incremento de estos flujos significa un problema de seguridad en fronteras, pero también de configuración a acuerdos internacionales y marcos legales para el correcto proceso de detención y repatriación de los migrantes. En este punto, México es uno de los países de alta concentración de migrantes en tránsito que, además de no contar con un marco moderno de atención al migrante, tiene graves deficiencias en la práctica; pues los agentes del INM y otros ⎯la policía federal, el ejército, incluso autoridades locales⎯, abusan de su autoridad y ejercen sobre los migrantes violencia física, maltrato psicológico y privación de la libertad injustificada.
La reforma de 2014 a la legislación en materia migratoria parece haber quedado sólo en buenas intenciones. Se incluyeron conceptos como el de “refugiado” y “responsabilidad de proteger”, además de hacerse explícito que nuestro país debe tener especial atención en el proceso de detención y proceso, ya que tiene tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, son constantes las quejas de asociaciones religiosas, la sociedad civil y observadores de derechos humanos. En vista de estos problemas, el 7 de julio de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto firmó un acuerdo de colaboración llamado Plan Frontera Sur, con el ahora ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, con el objetivo de regular el paso migratorio y establecer un marco de protección de los derechos humanos. En la práctica, nada más alejado de la realidad.
En un informe titulado Migrantes Invisibles, violencia tangible , la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) señala que, al comparar datos de 2013 y 2014, la entrada en vigor del Plan Frontera Sur significó el aumento en el número de migrantes deportados por alrededor de 29,804 personas. La inseguridad, visible por la débil estructura legal que protege a los migrantes, también aumenta por las vías de acceso y los riesgos que el tránsito conlleva. En el paso por México, miles de migrantes han perdido partes de su cuerpo, familiares, amigos, la vida. Muchos han perdido las esperanzas de volver a casa. El limbo que representa regresar a las condiciones de vida previas o seguir el camino hacia el norte de la frontera es una de las decisiones más crueles; el futuro incierto y la cacería a la que son sometidos por autoridades e integrantes del crimen organizado lo empeoran.
Hacer visible el fenómeno migratorio, que hoy en distintas latitudes apunta a la necesidad de refugio o asilo por cuestiones de violencia e inseguridad más que a cuestiones económicas, es, como ha señalado el filósofo Jürgen Habermas al hablar de la crisis de refugiados en Europa, “un derecho humano”. Exponer las causas y consecuencias de este fenómeno, condenar abusos y humanizar el rostro de aquéllos que en el arduo camino no buscan más que un futuro mejor: éste es el reto que hoy enfrentamos. Esperemos que la sesión de hoy nos ayude a debatir, reflexionar y encontrar posibles respuestas a un problema que nos concierne a todos. Muchas gracias.
México: Recepción y Tránsito
Migración del Triángulo Norte
Mark Manly, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), abre el Seminario. El representante comienza su presentación con una breve introducción: la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) fue creada en 1950 por la Asamblea de la ONU. ¿Su objetivo? Asegurar protección internacional de refugiados y buscar soluciones duraderas para esas personas. Manly afirma que los países del Triángulo Norte no tienen la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos, y esto ocasiona que ellos busquen ayuda externa. Manly menciona la definición común de un refugiado: toda persona que enfrenta un riesgo o tiene un temor fundado en persecución (raza, religiosidad, grupo social u opinión pública). El número de solicitudes de reconocimiento a refugiados en México ha aumentado considerablemente desde 2011.
Se contó también con la participación de Bárbara Pérez Martínez, ex Directora de Protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, experta en Derecho Internacional de los Refugiados, quien identifica un aumento en las solicitudes de nacionales centroamericanos a partir del año 2007, aproximadamente. Señaló que desde el año 2000, México se adhirió a la Convención de Ginebra de 1951, utilizando, desde entonces, la definición universal (Convención 1951) y la definición regional (Cartagena 1984) de refugiado como base para el reconocimiento. Añadió que desde el año 2011, la legislación mexicana también considera el “género” como motivo de reconocimiento, así como la figura de “refugiado surplace”, siendo éste quien no abandona su país por persecución pero que, encontrándose fuera del mismo, enfrenta una circunstancia que no le permite volver a su país. Consideró que existen retos institucionales para la atención y protección de los refugiados en México, como son la identificación y canalización de personas con necesidades de protección internacional, el fortalecimiento de la institución encargada de la determinación de la condición de refugiado, la constante capacitación del personal que realiza las labores de elegibilidad y la falta de políticas públicas para la asistencia a la población refugiada en México. Añadió que al determinar la condición de refugiado, es importante analizar más allá de la posibilidad de ser solamente un migrante económico, pues el motivo por el cual dicha persona pueda no contar con empleo o recursos, puede ser la persecución motivada por alguno de los elementos de la definición de refugiado. Para conocer más los perfiles actuales de la mayoría de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en México, Pérez Martínez recomienda a la audiencia el documental del New York Times, Between Borders: American Migrant Crisis.
Emilio González, maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, introduce el tema del crimen organizado trasnacional como desplazamiento forzado en la región del Triángulo Norte. El ponente asevera que hay nuevos patrones en rutas de tráfico de drogas, y que éstos aumentan la violencia en Guatemala, que había sido el caso con menor presencia de crimen organizado y desplazamiento forzado en el Triángulo Norte. El Salvador, por otro lado, experimenta violencia intermitente: este año (2015) tendrá la tasa de homicidios más alta del mundo. González también hace hincapié en los grupos vulnerables: desertores de pandillas criminales, individuos que resisten reclutamiento forzado, niños (los sectores escolares son controlados por pandillas), mujeres, trabajadores de la sociedad civil, pequeños comerciantes (se cobra derecho de piso, la extorsión es popular), testigos de asesinatos, labores comunitarios (organizaciones voluntarias), agentes del Estado (se niegan a la corrupción), periodistas y campesinos trabajadores agrícolas indígenas.
Mark Manly
Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Educación: McGill University.
Bárbara Pérez Martínez
Ex directora de Protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Idaho y tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, España.
Emilio González
Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México.